Las fuerzas gubernamentales de México y el cártel de Los Zetas han cometido de forma generalizada, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad contra la población civil: asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, reveló un informe de Open Society Justice Iniciative y 5 organizaciones mexicanas.
“Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, acusa que los distintos niveles de gobierno son “incapaces de garantizar la rendición de cuentas” por estos crímenes por lo que, al no existir un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, exige a México crear un organismo de investigación internacional basado en el país para investigar y castigar estos hechos.
Durante la presentación del estudio, el directivo de Open Society, James Goldston, destacó que, a raíz del despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Federal como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, los crímenes atroces han aumentado.
Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por “el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”.
Sin embargo, de 2007 a 2013, solo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.
El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006 y en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones.
Pero hasta agosto de 2015, solo un soldado ha sido condenado por el crimen de desaparición forzada.
Además, citó Goldston, las denuncias de tortura ante la CNDH se cuadruplicaron con creces seis años después del lanzamiento de la estrategia de seguridad: 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos entre enero de 2007 y diciembre de 2015. De ellas, solamente se han expuesto seis condenas en el fuero federal.
Las administraciones sucesivas mexicanas, señala Open Society, han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades que acechan a México incluso al declarar, con frecuencia sin fundamento, que las víctimas eran criminales.
También se registran ataques a organizaciones nacionales e internacionales que advierten la crisis y la ocultación de información, por ejemplo, un mapeo de las fosas comunes y clandestinas.
Juan Carlos Gutiérrez, uno de los autores de este informe, aseguró que “no existe voluntad política” para investigar los crímenes atroces.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, recordó que las masacres contra inmigrantes han permanecido impunes: los 72 de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; 193 restos en ese mismo municipio en abril de 2011 y la de Cadereyta en mayo de 2012.
Las autoridades, dijo, se han empeñado en asegurar que son crímenes aislados y que ellas no son responsables. “Estas hipótesis son falsas las víctimas tienen derecho a saber qué pasó”.
“El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe tomar inmediatamente medidas extraordinarias, incluida la convocatoria para recibir ayuda internacional a fin de garantizar que se lleven a cabo averiguaciones y genuinas investigaciones independientes”, concluye el estudio.
